ASPPRO Y OPC CELEBRAN FALLO QUE DECLARA ILEGAL EXIGIR A PERIODISTAS CREDENCIAL DE PRENSA PARA COBERTURAS EN LA FORTALEZA

 La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club de Puerto Rico celebraron la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que establece que la gobernadora Jenniffer González ni sus funcionarios pueden exigir la certificación de prensa expedida por el Departamento de Estado como requisito para acceder a conferencias de prensa en La Fortaleza.

La determinación de la jueza Iris L. Cancio González responde a una demanda que presentó el pasado 29 de diciembre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), luego de que personal de La Fortaleza les impidiera la entrada a dos de sus periodistas para la cobertura de conferencias de prensa convocadas por el gobierno por estos no contar con el documento expedido por el Departamento de Estado.

Los periodistas del CPI cuentan con credenciales que les otorga la organización para la que trabajan y, anterior al gobierno de González Colón, no habían confrontado obstáculos para acceder a las coberturas convocadas por un gobernador, sus jefes de agencia o funcionarios.

La Asppro y el OPC se unieron a la demanda como amigos de la corte. 

El tribunal reconoció que la certificación que otorga el Departamento de Estado, creada al amparo de la Ley 22-2000, tiene como único propósito viabilizar la expedición de una tablilla especial para vehículos de prensa, y no puede utilizarse como mecanismo para determinar quién puede ejercer funciones periodísticas o acceder a conferencias de prensa oficiales.

El tribunal concluyó que excluir a periodistas por no poseer esa certificación viola el derecho constitucional a la libertad de prensa y constituye una actuación que excede la autoridad delegada por ley. Además, emitió un injunction preliminar y permanente que prohíbe a los demandados exigir ese requisito para permitir acceso a conferencias de prensa.

“Esta decisión es un triunfo, no solo de los periodistas, sino del pueblo puertorriqueño en general en su derecho de conocer de primera mano los acontecimientos que se dan en torno a la Rama Ejecutiva”, expresó la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá.

“La determinación de la Jueza, que valida los planteamientos del CPI, la Asppro y el OPC, es una victoria importante para la libertad de prensa en momentos en que ese derecho constitucional se ve amenazado desde diferentes frentes. Las conclusiones que se presentan en la demanda demuestran que el requerimiento de La Fortaleza es caprichoso y no persigue ningún otro fin que no sea limitar el ejercicio del periodismo”, estableció la presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía.

El 8 de octubre pasado, la Asppro hizo un llamado a la gobernadora y a los funcionarios de Gobierno a que desistieran de esta práctica.

La gobernadora ignoró la solicitud de la Asppro y tuvo que enfrentar el proceso judicial presentado por el CPI, invirtiendo recursos públicos en defenderse de una demanda que hubiese sido innecesaria si nuestro reclamo se hubiera atendido.

En este caso, la Asppro y el OPC estuvieron representados por el licenciado Francisco Ortiz Santini, un experimentado abogado en casos de libertad de prensa, profesor en esa materia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Ambas organizaciones reiteraron que el acceso a conferencias de prensa oficiales forma parte del ejercicio legítimo de la función periodística y es esencial para garantizar la fiscalización del poder público.

Reafirmaron, además, su compromiso de defender, en todos los foros pertinentes, el derecho constitucional a la libertad de prensa y el derecho del pueblo a estar informado.