Con su firma, González se alinea con la Legislatura para limitar el derecho a saber y debilitar la fiscalización pública.

La gobernadora Jenniffer González no solo convirtió hoy en Ley el Proyecto del Senado 63, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para introducir cambios que aumentan la burocracia y restringen el acceso a la información, también dejó claro que su trayectoria por los próximos tres años que quedan de su administración continuarán marcados por la falta de transparencia.

Más de 50 organizaciones en Puerto Rico, así como prestigiosas organizaciones internacionales de periodismo y transparencia le solicitaron a la Gobernadora que vetara el PS 63 por las limitaciones que impone al derecho Constitucional al acceso a la información pública. Pero González ni siquiera estuvo dispuesta a reunirse con los líderes de las organizaciones profesionales y comunitarias, así como gremios periodísticos que desde el 19 de noviembre le solicitaron una reunión, entre ellos el Overseas Press Club (OPC).

“Al firmar este proyecto la Gobernadora envía el mensaje de que, al igual que los líderes legislativos, quiere poner trabas a la fiscalización y al acceso a la información o que le faltó liderato para enfrentar al autor de esta medida que es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz”, dijo la presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía.

Las acciones de González desde que está en La Fortaleza han mostrado su interés en afectar el derecho a la información. Algunas de las prácticas de su administración han sido negar información pública obligando a medios y a periodistas a recurrir al Tribunal, imponer el requisito de portar una identificación de prensa otorgada por el Departamento de Estado —que no constituye una licencia para el ejercicio periodístico en Puerto Rico— para cubrir sus conferencias de prensa, e incluso mantener parte de su calendario público oculto para algunos medios de comunicación. Tras casi un año en La Fortaleza, la Gobernadora no ha anunciado quién ocupa el cargo de secretaria o secretario de Prensa y los periodistas solo han asumido que el puesto recae en Marieli Padró.

Contradictoriamente, entre el paquete de medidas que firmó González se encuentra la ahora Ley 152 2025 que “reducir significativamente el gasto público, que el gobierno sea ágil, eficiente y menos burocrático, y que mejore sustancialmente la prestación de servicios al pueblo”, pero el PS 63 (Ley 156-2025) establece un proceso que es contrario a todo lo antes descrito.

“La Gobernadora, sus jefes de agencia, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, los alcaldes y la Rama Judicial deben saber que a pesar de los obstáculos que pongan al acceso a la información, los periodistas haremos nuestro trabajo y conseguiremos los datos por las vías que sean necesarias incluyendo la corte y las fuentes de información. El trabajo de fiscalización y el derecho para saber no lo detendrán con leyes como esta ni acciones arbitrarias”, expresó Maldonado Arrigoitía.

La organización de prensa hizo un llamado a los funcionarios públicos de carrera a no alejarse de su compromiso con el manejo ético y legal de los haberes públicos, y a denunciar ante la prensa cualquier práctica irregular que puedan detectar.