La Junta Directiva del Overseas Press Club (OPC) repudia firmemente los más recientes insultos, burlas y difamaciones proferidos por el senador de minoría Thomas Rivera Schatz contra miembros de la Prensa del país.

Sabemos que esta andanada de insultos busca intimidar a los periodistas en su gestión investigativa en torno a las irregularidades y posibles actos ilegales en los que puedan haber incurrido funcionarios gubernamentales o políticos aspirantes a cargos electivos.

El trabajo periodístico se fundamenta en la corroboración de la información, proveer datos y exigir las respuestas necesarias para que los ciudadanos dispongan de información veraz y confiable en la cual basar sus decisiones. Pretender cuestionar la veracidad de la información publicada recurriendo a insultos y difamaciones personales sobre los periodistas autores de los reportajes es recurrir al “bullying” y las amenazas para, en ausencia de argumentos sustantivos, tratar de soslayar las acciones y conductas cuestionables, cuando no ilegales, en las que incurren funcionarios y políticos.

Sabemos, además, que en vista de que estamos en año electoral podemos esperar que la demagogia de personajes de la política habrá de recrudecerse a medida de que se acerquen las elecciones. Eso ya lo hemos visto en sus ataques a los compañeros periodistas Normando Valentín (Noticentro), Carmen Enid Acevedo (Bonita Radio), David Cordero (El Nuevo Día), Emmanuel Estrada (CPI) y Juan Costa, Oscar Serrano y Javier Colón (Noticel).

Por eso, hoy, el OPC y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico enviamos una carta a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, en la que la emplazamos a que explique al pueblo cómo información electoral confidencial fue divulgada en las redes sociales por un funcionario ajeno al ente electoral.

La Comisión Estatal de Elecciones es el custodio del registro de miles de electores en Puerto Rico, quienes tienen una expectativa de protección y confidencialidad de su información privada.

Por otra parte, emplazamos al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a que recapacite su postura de indiferencia ante la gravedad de las implicaciones que conlleva la publicación de información confidencial de los electores.

Reiteramos que estos burdos intentos de intimidación no detendrán la labor fiscalizadora de los periodistas. Todo lo contrario, los periodistas continuarán investigando, informando, denunciando y fiscalizando, especialmente en esta coyuntura de año electoral.